Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio, de mejora del crecimiento y del empleo (BOE. Núm. 141/14-06-2006)

            La norma aborda la regulación de diversas materias  relativas a la legislación laboral. De esta manera, entre otras novedades, introduce un nuevo régimen de  incentivos de fomento a la contratación, impone límites a la contratación temporal, mejora las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial, define  la cesión ilegal de los trabajadores y extiende la protección por desempleo a nuevos beneficiarios.
         Al sector de la discapacidad, la norma le afecta en las dos primeras materias: de manera directa, en tanto se modifican los incentivos hasta ahora vigentes por la contratación de personas con discapacidad demandantes de empleo;  e indirectamente, en cuanto se establecen límites a la contratación temporal que impedirán a las entidades representativas ejecutar programas sociales de duración determinada, pero prorrogables en el tiempo, con los mismos trabajadores temporales.

A)      Nuevos incentivos a la contratación de las personas con discapacidad:

         Se modifican y reducen, en general, las bonificaciones a la Seguridad Social por la contratación indefinida o temporal de las personas con discapacidad, tanto en las empresas ordinarias como en los centros especiales de empleo.
Así, mientras en la normativa anterior se preveían porcentajes de bonificación aplicables a las bases reguladoras, en la actual se bonifica una cuantía fija a tanto alzado que además se reduce proporcionalmente en caso de jornada parcial.
Los cambios afectarán a los contratos que se realicen a partir del 1/7/2006,  no teniendo efectos retroactivos para las contrataciones anteriores a esa fecha.

El sistema de incentivos anterior garantizaba un tratamiento igualitario a todos los trabajadores/as con discapacidad independientemente de la cuantía de su retribución salarial; por el contrario, la indemnización actual prima a las contrataciones con retribuciones más bajas ya que las bonificaciones serán menores para las retribuciones salariales más altas. Por otra parte,  a partir del 1 de julio se pierden las bonificaciones suplementarias por la contratación de mujeres con discapacidad o de las personas mayores de 45 años, que venían recogidas en la contratación indefinida y de fomento de empleo.
El cambio repercutirá singularmente en los centros especiales de empleo (CEE), ya que en éstos las bonificaciones alcanzaban al 100% de las cuotas empresariales tanto en los contratos indefinidos como temporales. Tomando como ejemplo las cuotas patronales que se abonarían en un CEE  con el epígrafe de accidentes de personal de oficina, hasta ahora un CEE  se ahorraba la cuota de la seguridad social de 544,95 euros por un trabajador con un bruto mensual de 1500 euros; a partir del 1 de julio, tendrá que abonar 294,95 euros si el trabajador es fijo, o 356,62 si es temporal. De manera general, tanto en la empresa ordinaria como en los CEE, sólo los salarios brutos inferiores a 700 euros seguirán disfrutando de las mismas condiciones de bonificación.

Otras novedades relacionadas con los incentivos

·         Cambios en el concepto de persona con discapacidad objeto de bonificación.

En el contrato de trabajo indefinido y el de fomento de empleo temporal, se podrá acreditar la condición de minusvalía mediante resolución de incapacidad permanente en grado total, absoluta o gran invalidez o de jubilación o retiro por incapacidad permanente en el régimen de clases pasivas.
Sin embargo, la norma se ha olvidado de extender esta previsión a los contratos formativos (en prácticas o para la formación), de interinidad y los de obras y servicios, que siguen manteniendo los mismos incentivos o, en su caso, bonificaciones para las personas con discapacidad. Por ello, para estos contratos seguirá siendo conflictiva la aplicación del artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que es el que ha establecido la equiparación entre el grado de minusvalía y la incapacidad permanente.

·         Se modifican las condiciones para poder acceder a las bonificaciones a la Seguridad Social de los contratos indefinidos o temporales de fomento de empleo.

A partir de julio, las empresas, que hayan extinguido  o extingan por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo contratos bonificados,  quedarán excluidas por un periodo de doce meses de las bonificaciones en un número de contratos igual al de las extinciones.
Respecto a las contrataciones temporales de fomento de empleo, las condiciones de exclusión son menos restrictivas que las que se venían aplicando, ya que antes afectaban a los trabajadores que hubiesen prestado sus servicios (temporales o indefinidos) en la misma empresa desde el 1 de enero del año anterior; en la actualidad, sólo se excluirá a los contratados previamente en la misma empresa de manera indefinida en los 24 meses anteriores, de forma que los contratados por obra o servicio en la misma empresa podrán pasar a ser contratados por fomento de empleo beneficiándose de las bonificaciones a la Seguridad Social.

·         Se modifican las bonificaciones a la Seguridad Social de los contratos en prácticas.

Las bonificaciones a la Seguridad Social del 50% de las cuotas empresariales por contingencias comunes previstas en los contratos en prácticas, se aplicarán no sólo en caso de contratación a jornada completa, como hasta ahora, sino también en los contratos en prácticas celebrados a tiempo parcial

B)      Prohibición de sucesión de contratos temporales

Las personas que en un periodo de 30 meses hubiesen estado contratadas  durante un periodo superior a 24 meses, de manera continuada o no, en el mismo puesto de trabajo para la misma empresa, mediante dos o más contratos de trabajo de duración determinada bajo cualquier modalidad, adquirirán la condición de fijos en la empresa.

En relación con los programas subvencionados por las entidades, esto implicará que, una vez agotados esos plazos, no se podrán ejecutar los proyectos con una vigencia cíclica o periódica, pero interrumpidos en el tiempo con periodos sin financiación, con los mismos trabajadores a no ser que éstos sean fijos.